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Corrupción en grúas; la ciudad ha perdido orden en su movilidad y transporte: David Gómez Álvarez

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Por Mario Ávila //

Ante la creciente ola de denuncias de abusos, por parte de los agentes de vialidad en complicidad con los operadores de las grúas, que ejecutan intempestivamente operativos para levantar carros mal estacionados, pero esperan a los dueños ya con el vehículo sobre la grúa para llegar a un “arreglo”, abundan las voces que claman por resolver este dilema que va en aumento.

David Gómez Álvarez, integrante del Consejo de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, planteó que son dos rutas igual de necesarias, las que se necesitan para resolver este grave problema y para poder castigar la corrupción en la que toman parte los agentes viales y los empresarios del negocio de arrastre de vehículos, la voluntad política y la denuncia ciudadana.

Lo importante -dijo-, es incentivar la denuncia ciudadana para que la gente se queje de ese tipo de abusos, pero creo que también la Secretaría de Seguridad tendría que tomar cartas en el asunto para que estas denuncias ciudadanas tengan algunas consecuencias y se puedan seguir investigando los casos ya denunciados.

A la vez -abundó-, debemos exigirle a la Secretaría de Seguridad que a través de la Comisaría Vial, intente adoptar modelos de gestión de programas que sean más transparentes, más vigilados, que haya pares y contrapesos para que ocurra menos ese tipo de complicidad. Es un tema de voluntad política y creo que ahí el secretario y los altos mandos de la Policía tendrían que entender que es una realidad la mala percepción, que ya hay muchos casos denunciados, que no es un asunto totalmente aislado ni extraordinario, que es bastante frecuente y que tendría que haber un esfuerzo institucional para combatir la corrupción, revertir esa percepción y para sancionar los casos donde se haya documentado que efectivamente ocurrió un acto de corrupción.

La ola de muestras de inconformidad se manifiesta una vez que se han generalizado en distintas zonas del área metropolitana, operativos sorpresa en los que participan policías viales respaldados por grúas, para levantar vehículos presumiblemente mal estacionados y trasladarlos al corralón, sin embargo la estrategia consiste en hacer el operativo lo más espectacular posible para que aparezcan los dueños de los automóviles y lleguen a un acuerdo económico para que bajen de las grúas a los autos ya levantados, a cambio de una jugosa recompensa que regularmente fluctúa con el criterio de “según el sapo, la pedrada”.

Las zonas más frecuentes para realizar estos operativos, entre otros, son las inmediaciones de Punto Sao Paulo por avenida prolongación Américas y las calles perpendiculares; la zona de la avenida central a las fueras del SAT, la Secretaría de Educación Pública, el Club Deportivo de Pensiones del Estado y Palcco; así como las inmediaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en avenida de Las Palmas, incluso en este último punto disponen de un terreno (corralón pirata) sobre la calle R. Michel para resguardar los autos y facilitar de inmediato a los ciudadanos infraccionados, la devolución de su vehículo.

Estas denuncias a los operativos arbitrarios, se dan en el momento en el que se ratifica en Jalisco la percepción añeja de que los más corruptos en el servicio público, son justamente los agentes de vialidad, según lo confirmó recientemente la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2021), que ratifica el desprestigio popular que se han ganado a pulso los policías viales.

Así lo refiere en entrevista para el semanario Conciencia Pública, el propio consejero David Gómez Álvarez: “Sí, diversas encuestas recientes, incluida la del propio gobierno, la del INEGI habla de que los policías viales son las autoridades públicas que tienen la peor percepción en términos de corrupción para la ciudadanía y es una percepción que se ha acentuado a través del tiempo precisamente por este tipo de actuaciones incorrectas.

“Los agentes viales tienen otros espacios y otras oportunidades donde efectivamente se prestan más a la corrupción y hay casos que están documentados en donde hay agentes viales que lo que buscan justamente es abusar económicamente del ciudadano, de los particulares, en lugar de agilizar el tráfico, detenerse en un crucero donde haya un semáforo descompuesto, lo que hacen es ignorar la situación. No hemos logrado mejorar la percepción de esta corporación y hemos perdido una corporación que aunque era muy menor, se sentía que se hacía presente en la ciudad cuando pertenecía a la otra secretaría”.

“Vemos por ejemplo los famosos choques lamineros, los famosos alcances, son percances menores que obstaculizan por horas el tráfico, se quedan esperando a los ajustadores de las aseguradoras y la policía vial no hace nada, a veces tienen que entrar al quite los elementos de otras corporaciones de policías de seguridad privada, otras autoridades e incluso se puede ver a algunos particulares agilizando el tráfico y haciendo la función que debería hacer la Policía Vial, que muchas veces pasa por el sitio y se va de largo o de plano lo evita porque ahí no hay negocio, no pueden obtener un beneficio privado”, expone Gómez Álvarez.

REGRESAR LA POLICÍA VIAL A SUS ORÍGENES

A la pregunta de si abonaría en algo que la Policía Vial vuelva a sus orígenes y deje de pertenecer a la Secretaría de Seguridad, el también experto en políticas públicas y en análisis político, David Gómez Álvarez, se pronunció afirmativamente: “Yo creo que funcionaría mejor si regresara a los orígenes para la cual fue concebida. Yo no veo un argumento sólido para justificar que todas las policías estén concentradas en una sola secretaría, yo creo que Transporte y Movilidad siendo un área muy compleja y muy conflictiva tiene que tener una corporación policial que justamente permita que tenga personal uniformado, armado y capacitado, para en una situación determinada, poder intervenir”.

“Lo primero que habría que decir es que hay un problema de diseño sobre la Policía Vial, me parece que la decisión de haber cambiado a la Policía Vial de la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Seguridad, tuvo una implicación muy negativa para la ciudad en el sentido de que se perdió a una autoridad que ponía orden en la movilidad de la Zona Metropolitana. Era una autoridad que ponía orden en la vialidad, que agilizaba el tráfico, que se encargaba de los congestionamientos; ahora en cambio hemos visto un incremento considerable en los problemas de tráfico, de los embotellamientos, de las infracciones viales, en fin, la ciudad creo que ha perdido orden en su movilidad y en su transporte, desde que se pasó esta policía a la Secretaría de Seguridad.

“Pero además ha perdido presupuesto, ha perdido relevancia y ha perdido presencia, muchas autoridades, no solo ciudadanos y particulares, se han quejado de la ausencia de los elementos de la Policía Vial en eventos masivos y en circunstancias particulares que demanda la ciudad. Y para colmo salió este tema justamente de las grúas y el desplazamiento de coches mal estacionados, que evidentemente tiene implicaciones económicas, porque es una multa grande y el costo del servicio de arrastre es muy elevado y por supuesto se presta para la corrupción.

“Entonces ahí los agentes de la Policía Vial en general, en lugar de estar cuidando que la ciudad tenga mayor orden en vialidad y transporte, hoy están presionando a los ciudadanos que cometen alguna infracción haciendo un uso irregular de un espacio en donde está prohibido estacionarse, pero evidentemente algunos se aprovechan para sobornarlos, llevarse los coches, extorsionarlos y demás, lo que ha generado una enorme molestia en la ciudadanía”, denunció el consejero.

Finalmente planteó que con el caso de los grulleros que se coluden con los agentes para incurrir en actos de corrupción, David Gómez Álvarez dijo: “Habría que sancionarlos, revisar la concesión y los términos en los que ese servicio es contratado, si es subrogados o concesionado, no sé en qué términos esté, pero evidentemente manejan vehículos, manejan mucho dinero y este tema lo tendría que revisar Contraloría del Estado, el órgano interno de control de la propia Secretaría de Seguridad y en particular tendría que haber un esfuerzo muy a fondo y comprometido de la Comisaría de la Policía Vial, para evitar este tipo de abusos que han sido denunciados, que son frecuentes y que ya son muy comunes. Es un problema que está irritando mucho a la ciudadanía”, sentenció.

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN INTEGRÓ UNA CARPETA DE OFICIO

Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, dijo haber integrado ya “por oficio” una carpeta de investigación en contra de los agentes de la Comisaría Vial que se aliaron con operadores de grúas para extorsionar a conductores, sin embargo, el funcionario titular de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, dijo estar a la espera que las víctimas acudan a presentar formalmente sus testimonios para que se pueda enriquecer esta carpeta de investigación y llevar de alguna manera a los servidores públicos que estén obrando mal, a enfrentar la justicia. Además el Fiscal señala que no solamente se puede actuar contra los agentes de Vialidad, también sobre los particulares, si así se acredita en la indagatoria y reconoce que podrán ser grúas piratas, es decir sin pertenencia a una empresa formal, pero cada unidad tiene placa y formas de identificación, por ello siempre habrá quien deba asumir la responsabilidad.

EX AGENTE VIAL DENUNCIA EN REDES A AGRUJAL Y AGROMAC

En las redes sociales de una televisora local circula el video de una persona que se identifica como ex agente vial y quien asegura haber participado en el negocio de las grúas, confirma lo dicho por cientos de testimonios de extorción y revela: “Si, todo esto nace adentro de las oficinas operativas, el mando está coludido con el elemento, eso es real, el elemento no puede hacer esos operativos sin el respaldo del mando, es imposible sin el respaldo también del 04 de la Cabina y el 04 de la Calle, incluso refiere que estas grúas pertenecen a Agrujal y Agrumac, empresas creadas por ex agentes y ex comandantes de la extinta SVyT. Vale la pena recordar que Agrujal y Agrumac han luchado por muchos años por presionar al Gobierno del Estado para que les ceda el control y la operación de los corralones que antes manejaba el IJAS.

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Es hora del drenaje profundo, plantea el CICEJ

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Por Gabriel Ibarra Bourjac //

La solución integral de fondo a los problemas de las inundaciones que enfrenta y sufre la metrópoli cada temporal de lluvias es la implementación de un drenaje profundo, un proyecto de infraestructura magna que manejaría exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado de drenaje actual.

Este sistema, inspirado en proyectos exitosos como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans), requiere una inversión estimada de 20,000 a 25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12 a 15 años.

La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Avilés, así lo precisa en entrevista con Conciencia Pública y señala que el CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo ya el pago de estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Esto no es algo nuevo, el estudio lo hizo en 2017 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ya hay incluso los análisis de las cuencas, los análisis de dónde podría ser drenaje semiprofundo, en dónde puede ser profundo, ya hay un análisis completo”.

Entonces, lo que hay que hacer es animarse a dar el paso, porque creo que recursos siempre vamos a necesitar, pero alguien se tiene que animar a dar el primer paso. Como sociedad y como ciudad no nos merecemos esta infraestructura, pero también no nos merecemos la falta de toma de decisiones”, precisa Mirna Avilés, experta en temas hidráulicos.

El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica; no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que también permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) enfrenta cada temporal de lluvias un desafío recurrente: inundaciones que generan pérdidas humanas, daños al patrimonio y caos en la vida cotidiana de sus más de 5 millones de habitantes.

La combinación de una infraestructura hidráulica obsoleta, con tuberías de hasta 70 años, y un crecimiento urbano desordenado ha convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.

La ingeniera Mirna Avilés, ha señalado que este problema no radica en la escasez del agua, sino en una gestión deficiente que requiere soluciones integrales y de largo plazo.

La normalización de las inundaciones, con 570 puntos críticos identificados por la Universidad de Guadalajara y 363 por el Imeplan, evidencia la urgencia de actuar para evitar que la ciudad colapse ante lluvias atípicas agravadas por el cambio climático.

El CICEJ, bajo el liderazgo de Avilés, propone un enfoque transformador que trasciende las soluciones parciales, como los vasos reguladores del Dean y San Rafael, que, a pesar de inversiones millonarias, no han resuelto el problema de raíz.

La solución del CICEJ no se limita a la infraestructura. Avilés aboga por una gestión hídrica integral que combine infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, con la rehabilitación de colectores obsoletos y la regulación del crecimiento urbano.

La urbanización descontrolada, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración, ha aumentado la velocidad de los escurrimientos, saturando los drenajes.

El CICEJ propone incorporar soluciones basadas en la naturaleza, priorizando al ciudadano y al medio ambiente, para recuperar el equilibrio del ciclo urbano del agua. Este enfoque requiere una visión metropolitana, ya que las acciones aisladas por municipio no abordan la interconexión de las cuencas y subcuencas de la ZMG.

El CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Este modelo, desarrollado en colaboración con gobiernos, universidades y organismos operadores, busca superar la falta de continuidad en las políticas hídricas, que reinician cada sexenio o trienio. Avilés destaca la necesidad de personal técnico en la toma de decisiones y la búsqueda de financiamiento internacional, dado que los temas hídricos son prioritarios a nivel global.

La ZMG, como la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural, no puede seguir postergando decisiones que garanticen su resiliencia frente a las lluvias.

La propuesta del CICEJ, encabezada por Mirna Avilés, representa una oportunidad histórica para transformar la ZMG en una ciudad preparada para los retos del cambio climático y el crecimiento demográfico.

El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica. Con el respaldo del gobierno estatal, federal, municipal y fondos internacionales, este proyecto podría garantizar agua, seguridad y desarrollo sostenible, evitando que las lluvias sigan siendo una amenaza para los ciudadanos. El CICEJ, comprometido con esta visión, no quitará el dedo del renglón hasta que estas soluciones se materialicen.

¿Qué plan integral a mediano y largo plazo proponen los expertos para enfrentar esta problemática y evitar que el caos se agudice?

CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.

En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.

El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.

Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli cercana a los 6 millones de habitantes.

¿Se tiene estimado cuánto sería la inversión?
En 2017, el estudio del IMTA estimó una inversión de 18,000 millones de pesos, pero debe actualizarse debido a la urbanización de zonas verdes y cambios en subcuencas. La inversión podría alcanzar 20,000-25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12-15 años, similar a proyectos internacionales como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans, 18-20 años).

Mirna Avilés precisa con plena convicción: “Es esencial iniciar, aunque sea por fases, para evitar soluciones aisladas que no resuelven el problema estructural”.

¿Cómo se implementaría un proyecto integral para abordar las inundaciones recurrentes en la ZMG, considerando los más de 500 puntos críticos identificados por la UdeG y los más de 300 por el Imeplan?

La solución debe ser integral, analizando los flujos de agua en la cuenca metropolitana, identificando trayectorias, puntos de captación y desahogo. Las discrepancias entre los 570 puntos críticos (UdeG) y 363 (Imeplan) reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que requiere un plan unificado.

La presidenta de CICEJ, explica que muchos puntos críticos no solo son por escurrimientos, sino por fallas en la infraestructura actual (fugas, socavones por reblandecimiento de suelos).

Las lluvias atípicas por el cambio climático podrían colapsar la ciudad si no se actúa. Un plan metropolitano debe priorizar la rehabilitación de infraestructura y la gestión integral de cuencas.

La ZMG debe equilibrar el ciclo urbano, evitando desechar el agua de lluvia rápidamente y promoviendo su infiltración local para mantener el ciclo natural, afectado por la urbanización y el cambio climático.

¿Por qué se ha priorizado el transporte, como el macrobús, sobre la infraestructura hídrica en la ZMG, y cómo pueden las autoridades darle mayor atención a la problemática del agua, que ha sido relegada frente a otros temas?

La infraestructura hídrica ha sido relegada porque no es visible y “no da votos”, a diferencia de proyectos como el macrobús. Sin embargo, la falta de soluciones ahora “quita votos” al poner en riesgo vidas y patrimonios.

Las lluvias se han convertido en una amenaza para la ciudadanía, lo que exige decisiones a largo plazo, aunque impliquen un costo político.

El gobierno estatal, con líderes como Pablo Lemus, Ernesto Marroquín, Antonio Juárez Trueva y Mario López, muestra disposición a escuchar y entender el problema, lo que representa una oportunidad para actuar.

¿Quién debe dar el primer paso para implementar estas soluciones?

El gobierno estatal debe liderar, con apoyo federal, municipal, de la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel mundial, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar proyectos de gran escala.

El CICEJ participa en un plan estatal hídrico 2024-2030 con visión a 25 años, que evitará reiniciar cada sexenio o trienio, marcando una ruta clara.

¿Espera que las autoridades tomen decisiones pronto, especialmente ante eventos como el Mundial?
Se espera que las autoridades diseñen un plan integral, no solo paliativos para el Mundial, sino una infraestructura duradera que beneficie a la ciudadanía a largo plazo.

El CICEJ no cejará en su labor de impulsar soluciones, trabajando con gobiernos y ciudadanos, ya que los profesionistas, como ciudadanos, también viven estas problemáticas.

PUNTOS FUNDAMENTALES:  SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIANO Y LARGO PLAZO

  • Modelo de gestión hídrica: El CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
  • Estudios previos: En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
  • Toma de decisiones: Es urgente que las autoridades den el primer paso, respaldadas por personal técnico que entienda las necesidades y soluciones.
  • Colaboración intersectorial: El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
  • Financiamiento: Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli de 6 millones de habitantes.
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Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

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Por Mario Ávila //

Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.

Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.

Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.

Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.

Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.

LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”

Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.

La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.

No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.

Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.

Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.

Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.

Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.

ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO

Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.

Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.

Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.

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Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

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Por Mario Ávila //

El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.

Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.

“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.

Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.

Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.

En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.

“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.

A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.

Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.

También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.

El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.

 

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