ENTREVISTAS
Estamos aún lejos en Jalisco de llegar a la igualdad sustantiva: Fela Pelayo
Por Diego Morales //
Aunque aún están lejos del objetivo, ya se le puso nombre: llegar a la igualdad sustantiva, libre de cualquier tipo de violencia, con un cambio cultural, que se vea reflejado en los presupuestos del estado. Es la visión de Fela Pelayo, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva en Jalisco.
Entrevistada en los micrófonos del programa “En Tela de Juicio”, Fela Pelayo manifestó que a su llegada al cargo, han ampliado la atención sobre todo al interior del estado, con el objetivo de descentralizar toda la política de género.
“Tenemos cuatro meses que pudimos llegar a un acuerdo con diferentes grupos activistas feministas de Jalisco, a partir de ello ha sido un trabajo muy complejo, muy amplio, prácticamente tuvimos dos entregas recepción en menos de 6 meses de esta administración lo que duplica el esfuerzo de todo el equipo, sin embargo, vamos avanzando, hemos ampliado mucho nuestra atención sobre todo al interior del estado, hemos descentralizado toda la política de género, cosa que se ha recibido con buenos ojos”.
Dentro de los proyectos principales que tienen en la Secretaría de Igualdad Sustantiva está crear una ruta con todos los municipios de Jalisco en donde se tenga un marco normativo armonizado.
LA ENTREVISTA
Pregunta. ¿Qué implica que se implementen estos comités en los municipios?
Respuesta. Si no tienes un marco legal que te diga para dónde ir, difícilmente vas a tener una acción que requiera presupuesto. Primero es la armonización, segundo es la implementación que tendrá que venir ligada de recursos públicos. Conocemos la situación de los municipios, pero mucha de la agenda de género y de mujeres se puede atender con voluntad por parte de los políticos. En ese sentido hemos visto apertura amplia, vamos avanzando en ese sentido. Hay otros temas que tomamos la decisión de centralizar la atención a mujeres víctimas de violencias, hoy tenemos 37 municipios donde brindamos servicio, esto fortalece la prevención y atención que es uno de los temas más complejos para nuestra agenda.
P. ¿Qué es igualdad sustantiva?
R. En términos reales es llegar a la igualad real, no quedarnos en las leyes, el artículo primero dice que todos somos iguales ante la ley, pero la ley no ha sido suficiente, lo que buscamos en la igualdad sustantiva es ver la ley reflejada en una realidad. Eso es igualdad sustantiva, el día que eso que se señala en los artículos de la constitución lo veamos en las calles, es el acceso pleno a los derechos universales.
P. ¿Estamos lejos de ello?
R. Estamos lejos pero al menos ya le pusimos nombre, sabemos que tenemos un objetivo que es llegar a la igualdad sustantiva. Hoy ha habido avances, cada vez las mujeres tenemos esta decisión de romper estereotipos y paradigmas, comenzar a tomar roles que no necesariamente estamos de acuerdo sino que nos impusieron, es un cambio cultural, que se tiene que ver reflejado en los presupuestos del estado, en los ayuntamientos, en los programas, en el plan estatal de desarrollo esta administración ya cuenta con ejes transversales con toda la agenda de género.
P. El reto mayor es cultural, por la agresión que viven las mujeres en la calle…
R. El tema es cultural, crecimos en una sociedad que nos educaron desde una lógica muy machista, eso se traduce a muchas prácticas violentas. El tema de dónde se vive más violencia si en la casa o en la calle hay estudios que señalan que en la calle, otros en la casa, en la calle hablamos de acoso y hostigamiento sexual, en la casa hablamos de violencia circular, sistémica, de las cuales tenemos muchas denuncias en el estado a través de la Fiscalía.
P. La violencia es real, muchos abrieron los ojos con lo que pasó en Casa Jalisco…
R. Únicamente el 9 por ciento de mujeres que vive algún tipo de violencia lo denuncia, es decir, esto limita mucho al estado, también hay que resaltar que tenemos muchos temas que ajustar en el estado para las víctimas, sin embargo, es poca la denuncia que existe. Cuando sucedió el caso de Vanessa, fue un parteaguas, porque fue el golpe que necesitaban muchos funcionarios públicos para entender la gravedad de esto, también nos permitió entablar una conversación directa con quienes se encargan de tratar temas de violencia, también las mujeres para que tomaran valor de ir a denunciar, ya le pasó a ella justo en Casa Jalisco a mí qué no me puede pasar, entonces nosotras somos promotoras de la denuncia, eso nos permite implementar ciertas medidas de protección que aminoren el riesgo, hemos visto a lo largo de la historia que no necesariamente los ordenes de protección funcionan, pero hemos ido avanzando en los ajustes.
P. En Zapopan ha dado resultados el brazalete, ¿este tipo de temas implementarían?
R. Nosotros creemos que es una buena herramienta, sobre todo para atender mujeres víctimas de violencias. Hay que recordar que en Zapopan se utiliza para mujeres que tienen riesgo inminente de muerte, no todas las denuncias son iguales, algunas tienen un riesgo inminente y son ellas a quienes se les otorga un pulso de vida, me parece que Zapopan aprovechó los recursos que cuenta y utilizó este aditamento, creo que es positivo pero no todos los municipios tienen la situación económica de Zapopan, cada pulso de vida cuesta 3 mil pesos aproximadamente.
P. ¿Cómo es la relación con los grupos que estaban renuentes a que desapareciera el Instituto de la Mujer?
R. La verdad hemos tenido una excelente relación, no ha habido ningún conflicto, me parece que al inicio todos los cambios son complejos, fuimos haciendo modificaciones, ajustes para que pudiéramos estar cómodas todas con esta institución. Hoy lo que trabajamos es darle institucionalidad a esta secretaría, fortalecerla a través de programas y políticas públicas, terminamos de dictaminar los programas de apoyo a asociaciones civiles, presentando dos programas que responden a las políticas que tenemos obligación, de igualdad entre mujeres y hombres y otra del acceso a una vida libre de violencias, para esta última presentamos barrios de paz, donde presentamos que a través de asociaciones civiles que tienen experiencia trabajando nos ayuden en la prevención, detección de violencias.
P. ¿En qué municipios hay alerta roja de violencia?
R. La alerta de violencia contra las mujeres se activa en diciembre, nosotros teníamos días de entrar a la administración y se activa la alerta federal. En 2016, la administración pasada declara la alerta local. Son 11 municipios en total, con todas ellas hemos estado trabajando de cerca para que puedan cumplir con lo que se establece en la alerta de violencia, lo que buscamos es que desactivemos esa alerta, hoy no hay lineamientos que dicten cómo desactivar esa alerta, pero nosotros estamos dando cumplimiento con los aspectos señalados, presentamos acciones donde estaremos acompañando municipios ellos también tengan la capacidad de hacerlo”.
P. ¿Qué consejo le das a la mujer que está viviendo alguna violencia?
R. Les recomiendo que denuncien, no están solas, hay instituciones que estaremos de su lado. Nosotros tenemos un área de atención a violencias, pero en una denuncia formal se necesita ir al Centro de Justicia para las Mujeres para ser atendidas por el Ministerio Público. Nosotros somos vigilantes en el gobierno para que la atención y seguimiento que reciben las mujeres esté al nivel de lo grave de la problemática que podemos vivir. La violencia no solo es física, hay psicológica, de muchos tipos, pero todas ellas pueden terminar en un feminicidio, hay que evitar eso, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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