ENTREVISTAS
Alfonso Partida Caballero: «Es una reforma sin rumbo; no tiene objetivos, tiene intereses»
Por Gabriel Ibarra Bourjac //
Para el ex consejero de la Judicatura maestro Alfonso Partida Caballero, lo aprobado por la mayoría de los diputados no se le puede llamar reforma al poder judicial, ninguna de las propuestas fue al fondo. “Es una reforma sin rumbo, no tiene objetivos, tienes intereses”.
“Una reforma integral -razona- debe alcanzar la autonomía e independencia del Poder Judicial, debe considerar los dineros de la hacienda judicial, cuántos recursos se le debe ser otorgado para que cumpla su función fundamental”.
Cuestiona el maestro e investigador de la Universidad de Guadalajara el que no se haya tocado el tema anticorrupción, ninguno de los puntos va al fondo del asunto. “Estos exámenes de control de confianza son una verdadera vacilada”.
“Por otro lado, se establece nada más una política de ingreso mínima, el ingreso debe ser desde secretarios, desde actuarios, desde notificadores, ahí empieza la autonomía del poder judicial, deben ser por capacidades, estamos al revés, no se empieza por abajo sino por arriba, a los magistrados son a los que le hacemos los exámenes y a los de abajo los nombramos como nos venga en gana, cuando ahí inicia la carrera judicial”.
“No se tocó la verdadera estructuración de la carrera judicial, sí vemos un impacto al servicio civil de carrera por ejemplo de los jueces, si les van a aplicar exámenes cada cuatro años, que ojalá en esta situación fueran exámenes pero aquí el problema es quién los aplica para que todo mundo sepamos que se van a corregir las circunstancias, les quitan la inamovilidad”.
Partida Caballero lamenta que no exista una comisión de responsabilidades en el Supremo Tribunal de Justicia. “¿Quién va a sacar todo esto, vamos a decir con qué criterios se aplicarán y con qué preguntas se van a aplicar, qué harán cuando le brinque una de las estadísticas?”
“ Si el polígrafo sirviera de mucho estaría resuelta la muerte de Colosio, que se la apliquen a Salinas y punto, o en el caso de los que fueron a Los Ángeles a ver un partido y se echan la bolita unos a otros pues que se aplique el polígrafo para saber quién pagó los boletos de ingreso, si esto sirviera de algo, pero desgraciadamente esto es eficaz en un 30 por ciento, comprobado por estudios científicos”, indica.
Pregunta. Tu opinión de la reforma al poder judicial que impulsa la cuarta transformación, ha recibido críticas, mientras que el gran promotor la resalta como algo importante, ¿cuál es tu opinión?
Respuesta. Esto no es una reforma en sentido estricto, es un intento de sometimiento a un poder que, por supuesto, tiene grandes errores y grandes deficiencias, pero que ninguna de las propuestas fue al fondo del asunto que debería ser visto desde una situación integral.
Fueron planteamientos de formas arbitrarias, de ocurrencias, de manipulación de parte de individuos con gran desconocimiento pero que gozan con una gran mayoría en el Congreso del Estado o en el propio Ejecutivo y les urge que este parche salga lo más pronto para la satisfacción de sus necesidades políticas, más que otra cosa, porque aclaremos que una reforma integral debe ser establecida desde lo que debe ser la autonomía e independencia judicial, sería un punto a discutir, qué entiende cada uno de los actores que están participando en lo que son estos conceptos de autonomía e independencia, también lo referente a los dineros, a la hacienda judicial, cuánto recurso se le debió haber otorgado para que cumpla su función fundamental, porque de acuerdo a un estimado que hicimos cuando estuvimos en la judicatura, eran 180 mil asuntos o expedientes en todos los juzgados de todas las materias, entonces cuántos jueces se requieren, cuántos magistrados se requieren para esto, esto se debió haber hecho.
P. ¿No le dan certidumbre al juez en la carrera judicial?
R. No, al contrario. La tendencia internacional es que a los jueces se les otorga inamovilidad, se hacen muchas evaluaciones de participación, de número de sentencias, cuántos amparos aceptó, cuántas apelaciones fueron en su contra, cuántos a su favor, todo eso se hace en los cuatro años, entonces si pasan esos cuatro años ya es inamovible.
P. La inamovilidad tiene una razón de ser…
R. Sí, por supuesto. Estos son criterios internacionales que ya se establecieron para garantizar que el juez tenga que basarse en la aplicación irrestricta de la ley, puede cometer errores, pero esos errores alguien los tiene que verificar, en la Judicatura sí hay una comisión, en el Supremo Tribunal de justicia no hay nadie y no puede ser el Congreso del Estado porque es otro poder, entonces dónde queda esta reforma, dónde está la comisión que se va a formar, eso no ha servido de nada, en las policías y ministerios públicos no ha bajado el índice de corrupción, entonces tiene que verse la hoja de vida de una persona, si alguien estuvo como actuario qué hizo, qué hizo como secretario, si hizo mal su trabajo, si estuvo en otra instancia u otra institución cuál fue su función, si no esto será una charlotada.
P. La trayectoria del profesionista es la que habla de su calidad como persona y su valor…
R. Así es, esto se puede aplicar en un periodista, en un maestro, lo puedes aplicar en un profesionista. Es la misma circunstancia, tu hoja de vida. Yo soy profesor investigador, ahí está lo que he hecho, se puede verificar, estuve en la judicatura, fui presidente de una comisión, pueden verificar si debo dinero, si hice irregularidades, igual en mi escuela, si no voy, si no me presento.
Eso es más importante a que te pregunten y brinque el polígrafo, las preguntas así son, que si has engañado a tu esposa, que si realizaste o compraste piratería, entonces dices, híjole qué digo que si o que no, no puedes obtener este tipo de situaciones para la generalidad. Ahora, quién lo va a aplicar, dicen que un miembro del Congreso del Estado, intromisión de un poder en otro, para empezar, el que va a encabezar la aplicación de estos exámenes.
Todo esto a lo único que nos va a llevar es a la judicialización, igual que el listado de jueces que echaron abajo, pues ahora hay alrededor de 30 suspensiones que bloquean todo. Esto es un gatopardismo muy marcado”.
P. ¿Realmente el ejecutivo pretende mejorar la justicia en el estado o es un asunto mediático de legitimación?
R. Esto no está yendo al fondo del asunto, si con esto quieren acabar corrupción ahí está un sistema que no funciona que es el sistema anticorrupción. Los exámenes de conocimiento, de control en algunos casos será el comité de participación social, que es el mismo que nombró al fiscal anticorrupción, que me digan si fueron eficaces y efectivos, vamos a esperar lo mismo, vamos a cambiar para volver a tener estas circunstancias.
Esto es una presión, quién puede decir si alguien hace bien las cosas pues las partes, pero no un polígrafo, no una organización que está politizada al cien por ciento, el comité de participación social está politizado, hay elementos que fueron nombrados por los partidos políticos y que han caído en grandes problemas de actos de corrupción como nombramientos de personas que no cumplen los perfiles, echaron abajo una convocatoria que hicieron de manera irregular y ahora son los mismos que nos están poniendo para que resuelvan el problema de exámenes de conocimiento y de control.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS CINCO PRINCIPALES:
Segundo piso en López Mateos: ¿Solución rápida o error costoso?
Colomos III: La batalla por el patrimonio ecológico de Jalisco
Convención Estatal de MC: Asume Mirza Flores dirigencia estatal del partido naranja
Primer informe de labores legislativas de Claudia Salas: «La gente quiere resultados, no pleitos»
Encapuchados, violencia y la Unión de la Juventud Revolucionaria de México: ¿Qué hay detrás del conflicto en la UdeG?
Muere el reconocido actor estadounidense Robert Redford
Rechaza ser deportado Hernán Bermúdez Requena de Paraguay
Mirza Flores expresa apoyo a Canelo Álvarez
