ENTREVISTAS
Urge una ley de designaciones públicas: Ilegal e ilegítima, la designación de consejeros de la judicatura, dice David Gómez Álvarez
Por Mario Ávila //
“Ilegal, porque ignoró los términos de la propia convocatoria emitida por el Congreso del Estado y en ese sentido se faltó a las reglas del juego que el mismo poder Legislativo puso; e ilegítima, porque existía la expectativa y el compromiso de designar a los mejores evaluados tanto en el examen de conocimientos que realizaron las universidades, como en la propia evaluación que realizó el Comité de Participación Social” (CPS).
Esta es la argumentación de David Gómez Álvarez, integrante del CPS del Sistema Estatal Anticorrupción, sobre el método que utilizaron 9 diputados del PAN y 16 legisladores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para designar como nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura a Claudia Rivera Maytorena, como consejera juez, y a Tatiana Esther Anaya Zúñiga y Gabhdiel Iván Novia Cruz, como consejeros ciudadanos, pese a que los tres reprobaron el examen de conocimientos.
En el calificativo de ilegítima, Gómez Álvarez recordó que había un compromiso y una expectativa de que se habría de elegir a los mejores “y por tanto los designados que no tenían buen perfil, que no estaban ente los mejores, que incluso habían reprobado con mucho las evaluaciones, convierten al suceso en una elección ilegítima.
“Y a mí me parece que en este contexto urge una ley de designaciones públicas, que es parte de la reforma 2.0 al Sistema Estatal Anticorrupción en donde básicamente se plantea, que si bien el Congreso debe mantener su facultad de nombrar a integrantes de organismos públicos autónomos o del Poder Judicial o de otros encargos públicos que le competen, ésta facultad debe de ir acompañada con criterios, mecanismos e instancias con responsabilidades muy claras, para evitar justamente que la lógica de cuates y cuotas, la lógica de que la partidización de las decisiones, sea la que se imponga.
“Con este tipo de determinaciones todos pierden, salvo los que metieron a sus allegados, pero en general el Estado pierde porque no fueron los mejores, porque no van de manera libre y autónoma a ejercer su posición, porque tienen compromisos ocultos con los que los llevaron hasta esos encargos por la vía de la designación y en ese sentido el propósito ulterior de lograr justicia y que pasa por sanear la Judicatura, que es la instancia no solo de administración de los recursos de todo un poder público, sino de control y disciplina de los jueces que dictan sentencias y en ese sentido la necesidad de sanear, de abrir, de oxigenar a la Judicatura, se ve truncada con tres nombramientos que desde luego no son los mejores, sino que su cercanía y sus vínculos con algunos actores del poder los hacen actores que no son idóneos para el cargo, que es justamente lo que establece la norma”, apuntó el académico.
David Gómez Álvarez, a la vez analista e investigador en temas de rendición de cuentas y apertura gubernamental, advierte que está vigente la posibilidad de la impugnación para meter reversa a esta designación y detalló: “Por supuesto que existe la posibilidad de interponer un recurso legal para echar atrás la determinación, pero esto sería por la vía de los afectados directamente como son los aspirantes que no fueron designados a pesar de haber obtenido una mejor calificación, por supuesto pueden también interponer el recurso los terceros involucrados, como pueden ser otras instituciones del sistema estatal anticorrupción o diversos agentes o actores que se vean afectados.
“Pero a la vez existe la vía política y mediática para seguir insistiendo en la necesidad de reponer el proceso dado lo desaseado, lo cuestionado y lo controvertido del proceso, y eso no lo digo solamente a título de quien esto opina, sino que hay una condena unánime de la opinión pública, de los principales actores del estado, la iniciativa privada, las universidades, los colegios de abogados, las barras de litigantes, los comunicadores, todo mundo está en desacuerdo en cómo hicieron esta maniobra para la designación.
“Por ello, seguramente se habrá de seguir insistiendo para que repongan el proceso, aun cuando ya tengan derechos adquiridos los nombrados, creo que así como los persuadieron para llegar en la madrugada y tomar protesta sin tener el perfil, de igual manera los pueden convencer, los mismos que los promovieron, para que se desistan del cargo y se sometan a la evaluación equitativa y competitiva con todos los aspirantes”, planteó.
HAY RIESGO DE QUE ESTO SE REPITA
Sobre la posibilidad de que este tipo de anomalías se repitan una y otra vez en lo que resta del año con esta conformación de la LXII Legislatura local, quien fuera Subsecretario de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado, en tiempos del priísta Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, expuso: “ Por supuesto, desde luego que hay un riesgo altísimo, superior al que había, si antes estaba latente ese riesgo, hoy está confirmado; más bien habría que esperar lo mismo y no tanto lo contrario”.
Vale la pena recordar que dentro de las designaciones que habrá de realizar el Congreso del Estado destacan en el mes de julio una posición como Consejero del ITEI; en otoño se renueva una posición en el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción; un nuevo miembro del Consejo de la Judicatura en octubre y 9 posiciones de magistrados del Supremo Tribuna de Justicia de Jalisco.
“Por lo tanto, por la vía jurídica, política, mediática y por todos los recursos posibles, haremos lo necesario para que rectifique el Congreso y nos aseguremos como sociedad de que esto jamás vuelva a ocurrir”, expuso Gómez Álvarez.
YA HAY DENUNCIA
Y lo que se veía venir, ocurrió. Ya hay denuncia, en primera instancia se interpuso ante el órgano de control interno del Congreso del Estado, en donde se alude la comisión de “faltas graves” en el proceso de selección de tres nuevos integrantes.
El autor de la querella es el abogado Gabriel Valencia López, uno de los aspirantes al cargo de Consejero Ciudadano y fue recibida el pasado 23 de junio por Giovanni David Maldonado Camacho, Jefe de Investigación de dicho órgano de la LXI Legislatura local.
El punto que es la clave de la denuncia tiene que ver con una de las bases de la convocatoria en donde se menciona, que para ser considerado elegible, los aspirantes deberán obtener una calificación mínima de 80 sobre 100 en un examen teórico práctico.
Después de eso, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado debería emitir un dictamen con la lisa de los candidatos que hubieran obtenido más de 80 de calificación, para someterla a la revisión del pleno.
Sin embargo, en este caso, luego de algunas maromas legislativas a todas luces plagadas de mucha dosis de ilegalidad, el pleno finalmente eligió con el voto de 25 diputados de MC y el PAN como nuevos consejeros, a tres aspirantes que no cumplieron con ese requisito mínimo.
Vale la pena recordar que en la legislatura pasada, el mismo Gabriel Valencia López, ridiculizó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, al paralizar la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción y pese a que el 24 de diciembre del 2017 diputados eligieron al académico Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, como el nuevo Fiscal Anticorrupción, no se le tomó protesta por la suspensión provisional obtenida por el quejoso, quien en su momento reprochó que no lo incluyeran en ninguna de las dos ternas enviadas por el gobernador Aristóteles Sandoval al Legislativo, pese a ser el tercer aspirante mejor evaluado de la lista.
Aunque en su momento Gabriel Valencia aseguró que no buscaba ser fiscal u obtener “chamba”, pues lo único que reclamaba era que respetaran sus derechos. Y puso en un predicamento al Ejecutivo y al Legislativo ya que interpuso un amparo y obtuvo una suspensión definitiva en el proceso, por un juez de distrito, lo que frenó indefinidamente el nombramiento del cargo y paralizó el arranque del Sistema Estatal Anticorrupción. Finalmente, el 16 de enero del 2018 se desistió.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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