OPINIÓN
La elección de la sociedad civil organizada
Comuna México, por Benjamín Mora //
Leí que “la peor pérdida de tiempo es discutir con el fanático a quien no le importa la verdad o la realidad, sino solo la victoria de su fanatismo” que hoy, los de “ya sabes quién”, alimentan en los slogans de campaña de Morena.
Oculto en las campañas políticas de los candidatos a los gobiernos estatales y municipales, así como a diputados federales y locales de Morena, del Trabajo, Verde y demás partidos satélites, está Andrés Manuel López Obrador, violando la ley electoral a su antojo. López Obrador es un vulgar violador de la ley.
No les creo tampoco a los verdes jaliscienses cuando nos dicen que no son iguales a los verdes nacionales y que no caminan a la sombra de Morena. Son de Morena. Quien de ellos no lo sea, que deje a ese partido.
López Obrador es, como lo ha dicho Francisco Martín Moreno, un presidente cruel, pues no le importa ni conmueve que “los pequeñitos se mueran de cáncer, que llevemos 600 mil muertos, que más de 7 millones de mexicanos se sumen a la pobreza en sólo dos años, que se hayan cerrado más de un millón de empresas, así como la parálisis económica, que tengamos contabilizado 85 mil homicidios dolosos, que 12 mujeres sean asesinadas cada día… es cruel y mentiroso… es el peor de los presidentes de México, aunque Mario Delgado de Morena pretenda engañarnos cuando nos dice que López Obrador es la encarnación de la honestidad y la bondad.
El Peje, desde hace años, mandó al carajo a las instituciones; tras el accidente del Metro en la Ciudad de México, mandó al carajo a las víctimas de su equipo más cercano. López Obrador ya nos mandó a todos al carajo.
En Jalisco, Carlós Lomelí es el Peje Charro. Buscapleitos y de fáciles enojos. Ofensivo y mentiroso. Él, como el Peje original, se mantendrá distante de las organizaciones de la sociedad civil y buscará, como su jefe, exterminarlas.
De todos los aspirantes a los gobiernos municipales, los de Morena son quienes menos convienen a quienes tienen en las organizaciones de la sociedad civil como las únicas opciones de salud para sus hijos con diabetes, autismo, down, parálisis cerebral, asperger… para quienes sufre de hambre, pobreza, segregación, discriminación, desempleo, cáncer, esclavitud, acoso sexual, acoso laboral…
Carlos Lomelí es Morena y Morena no está con la sociedad civil.
Una de las causas más importantes de la sociedad civil es la transparencia y rendición de cuentas, y negarse a ella, desde el gobierno, es estar en contra de las causas sociales más sentidas y trascendentes. Sé que se han pedido los nombres de los beneficiarios de los programas sociales municipales de Zapopan y que se han negado. Pablo Lemus y su gobierno se han negado a ser transparentes.
Se dice que el prometer no empobrece; que el cumplir, aniquila. Por amigos de organizaciones de la sociedad civil, sé que Pablo Lemus firmó sendos compromisos que aquellas le presentaron… pero no dijo de qué manera financiaría todo lo comprometido. Lo hizo en San Juan de Dios y ante un importante colectivo de organizaciones civiles. Sé también que ante ellos no dijo de dónde sacaría los recursos que se requerirían para cumplir sus compromisos.
En el otro extremo de esta ecuación electoral está quién sí se compromete y nos dice de dónde obtendrá el dinero para cumplir su palabra, sin endeudar al municipio.
Sofía García, candidata del Revolucionario Institucional al gobierno de Guadalajara, ha dicho: “Debemos recuperar el Fondo Metropolitano que López Obrador aniquiló” y con esos más de mil millones de pesos anuales, hoy usados de forma caprichosa por el presidente, invertirlos en la infraestructura que se requiere para hacer de la Gran Guadalajara la primera ciudad de inclusión plena para personas con alguna discapacidad.
Debemos enriquecer los propósitos del Fondo Metropolitano para que, al menos el uno por ciento de sus mil millones de pesos, es decir, diez millones de pesos, vayan a un fondo especial para las organizaciones de la sociedad civil para que, a través suyo, formemos ciudadanía y se conozcan los derechos de niños y niñas, por dar un ejemplo. Podría, por ejemplo, presentarse obras de teatro infantil en las plazas de nuestra ciudad.
Sofía García, como toda mujer, sabe presupuestar con atingencia sus gastos. Sabe priorizar de manera que los importante está sobre lo superfluo y, en el caso de sus compromisos de campaña, antes de asumirlos, gusta de saber de dónde los financiará. No es una mujer de excusas ni de dar largas a los asuntos. Siempre busca los cómo sí… por ello confío en ella.
Con Sofía no tendríamos a un gobierno con obsesión recaudadora ni ávido de imponer multas y recargos por todo. Yo le propondría que, cada año, con el predial que pagásemos a su gobierno, nos diga en qué se utilizarán mis impuestos municipales, cómo mejorarán mi calidad de vida y elevará el valor catastral de mi inmueble y de mi colonia. Sé que ella sí me atenderá porque tiene palabra, o como ella dice: Palabra de mujer. Con ella, vuelvo a creer en la política.
E-mail: benja_mora@yahoo.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
