Reclutamiento de menores en Jalisco: La ruta de los desechables

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Hay un mapa que el Gobierno de Jalisco no ha querido dibujar en público, aunque ya tiene todas sus coordenadas sobre el escritorio. Empieza en una calle de Tlajomulco, en un fraccionamiento de Tonalá, en una colonia de Santa Ana Tepetitlán. Sigue hacia el norte, hasta Zacatecas. Y de ahí se abre en abanico: Sinaloa, Michoacán, Guerrero. Ese mapa no lo trazaron los geógrafos. Lo trazaron los reclutadores y sobre él se mueven muchachos de catorce y quince años como se mueve la mercancía perecedera: rápido, de noche y sin factura.

Bruno Santiago Arámbula González y Héctor Figueroa, ambos de quince años, fueron vistos por última vez el 27 de julio en Lomas del Mirador, Tlajomulco. Los había convencido una oferta de trabajo. Aparecieron el 11 de agosto en Zirándaro, Guerrero, a más de quinientos kilómetros de su casa, después de haber pasado por Zacatecas. La madre de uno de ellos dijo lo que sabía: estaban en una casa de seguridad. La vicefiscal de Investigación de Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, lo confirmó con todas sus letras: los chicos estaban en cautiverio.

Carlos Humberto Corona Corona desapareció el 17 de julio en Santa Ana Tepetitlán. Pasó por Zacatecas. Fue hallado el 7 de agosto en Coalcomán, en la sierra michoacana. Veintiún días después.

Jeremi Alejandro Villegas Anaya tiene catorce años. Se le vio por última vez el 15 de julio en el fraccionamiento Hacienda Real, en Tonalá. Se detectó que lo llevaron primero a Zacatecas y luego a Sinaloa. Hoy, un mes después, nadie sabe dónde está.

Tres expedientes, una misma coreografía. La vicefiscal la nombró con una palabra en la que merece la pena detenerse: “dinámica”. Las mafias de reclutadores, explicó, están optando por trasladar por diferentes entidades de la República a los jóvenes que captan en Jalisco porque —dijo textualmente— “hace más compleja la búsqueda y localización de una persona el hecho de que se esté moviendo de estados”.

Traduzcamos del funcionariado al castellano. Lo que la Fiscalía acaba de reconocer no es un patrón azaroso: es logística. Alguien planea las rutas. Alguien alquila las casas. Alguien conoce los tiempos de reacción de cada fiscalía estatal y sabe exactamente cuántas horas tarda un expediente en cruzar una frontera administrativa que a la camioneta le toma cuarenta minutos. El crimen organizado aprendió algo que a nosotros nos ha costado veinte años entender: el federalismo mexicano, en materia de búsqueda, es un colador. Y Zacatecas —que aparece en los tres casos, invariablemente, como primera escala— no es una casualidad geográfica. Es una aduana.

Que la vicefiscal insista en la coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda para que la alerta se emita en todo el país es sensato y tardío. Sensato porque es, en efecto, la única herramienta que empata la velocidad del Estado con la del reclutador. Tardío porque ese mecanismo existe desde hace años y hubo que perder a tres adolescentes en tres estados distintos para descubrir que había que usarlo desde la primera hora, no desde la tercera semana.

Pero hay un detalle en estas historias que debería quitarle el sueño a quien gobierna y que ha pasado casi inadvertido entre el alivio de los reencuentros.

A Carlos Humberto lo liberaron. A Bruno y a Héctor los soltaron. Así lo dijo la propia autoridad: los muchachos fueron dejados en libertad por quienes los mantenían retenidos, bajo la presión de las familias y de los operativos. Nadie derribó una puerta. Nadie ejecutó una orden de cateo en la casa de seguridad. En los tres casos, la decisión sobre la vida de un niño jalisciense se tomó del otro lado de la mesa y el Estado llegó a levantar el acta.

Que la presión sirva es una buena noticia. Que la libertad de un adolescente dependa de un cálculo costo-beneficio hecho por sus captores es una vergüenza institucional. Significa que la autoridad no rescata: negocia sin sentarse a negociar. Significa que el crimen devuelve al que ya no le sirve y se queda con el que sí. Y significa, sobre todo, que a esos muchachos no se les considera personas ni siquiera dentro de la estructura que los levantó: son inventario. Se les mueve, se les almacena, se les descarta. Soldados desechables.

¿Y por qué ellos? ¿Por qué catorce, quince y cada vez menos?

El fiscal general lo dijo hace unos días, con una franqueza que hasta hace poco parecía prohibida: están reclutando a niñas y niños de doce y trece años. La explicación no está en la sociología, sino en el Código Penal. Nuestro sistema de justicia para adolescentes prohíbe expresamente el internamiento para el Grupo I —los de doce y trece años—; fija un tope de tres años para el Grupo II y de cinco para el Grupo III. Un adulto, por los mismos hechos, puede alcanzar cincuenta o sesenta años de prisión.

Léase de nuevo esa aritmética y se entenderá el negocio. El principio más noble de nuestro derecho —que un niño no es un criminal, sino un ser en formación al que el Estado debe protección antes que castigo— fue leído por el reclutador como una tabla de rendimientos. Lo que se escribió para blindar a la infancia se convirtió en la razón por la que se le caza. El interés superior de la niñez, invertido, vuelto ventaja competitiva.

Nada de esto es nuevo y ese es el agravante.

En mayo de 2025, el comité de análisis de la Universidad de Guadalajara (UdeG) hizo público que los casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos se estaban disparando y señaló al reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación como la causa. El Gobierno del Estado no respondió con datos ni con una mesa técnica. Respondió con silencio y, detrás del silencio, con una campaña sucia contra la universidad: filtraciones, descalificaciones, la insinuación de que hacer números con los desaparecidos era hacer política. Se golpeó al termómetro para no hablar de la fiebre.

Quince meses después, ante lo que ya no se puede tapar, la misma administración admite abiertamente lo que entonces negó. Sin una autocrítica. Sin una disculpa a quienes tuvieron razón antes de tiempo. Como si el reclutamiento hubiera empezado el mes pasado y no cuando alguien decidió que era más barato desacreditar un estudio que financiar una política de prevención.

Bruno volvió. Héctor volvió. Carlos Humberto volvió.

Jeremi Alejandro tiene catorce años, lo llevaron a Zacatecas, luego a Sinaloa y hoy nadie sabe dónde está. Esa es la única cifra que importa esta semana en Jalisco y no admite comunicado que la maquille.

En X: @DEPACHECOS